La violencia y el cinismo amplificados en televisión

La violencia y el cinismo amplificados en televisión

Las manifestaciones de violencia y el cinismo con el cual se expresan parecen dos hechos inseparables en televisión.
Tres hombres confiesan ante las cámaras el haber asesinado a puñaladas a un niño quien además era su primo. Lo hicieron para no dejar testigos de un robo de casa: tres mil dólares y las joyas que se guardaban en el hogar en el que el menor vivía.
El primero se exculpa por haber estado en la misma habitación, el segundo de haberlo sujetado y los dos acusan a un tercero de haber ejecutado el abominable crimen contra la criatura. Las cámaras están allí para recoger y amplificar para sus públicos tan abominables declaraciones de los criminales confesos.
Un segundo caso, una mujer prostituta se muestra arrepentida de sus servicios prestados a un político porque ha mirado en televisión el rostro apesadumbrado de la esposa de su cliente, el mismo día en que este hacía pública su renuncia al cargo público, por el escándalo mediático.
El político desacreditado se acoge a la privacidad; mientras la prostituta ocupa la notoriedad convertida en una celebridad de televisión. Colocados en los extremos los valores por los medios de comunicación: al político le está vedado recurrir a contratar servicios sexuales; mientras en ese mismo juego de la moral a la televisión le parece inusual que una prostituta puede mostrar sensibilidad compasiva con otra mujer, en este caso la esposa condolida del político incapaz de mantener control sobre sus pasiones.
En los dos casos la televisión sensacionalista irrumpe en un rol que no le corresponde; la de juzgadora y aleccionadora de la colectividad. Pasa de su capacidad informadora de hechos a interpretar la realidad a su antojo y conveniencia. En ese empeño por atrapar a sus públicos ávidos del morbo escabroso, simplifica los hechos, los trivializa para ampliar sus audiencias y sucumbe en los más bajos propósitos.
Quizá mañana a nadie sorprendan hechos como los relatados por la televisión; pero la violencia y el cinismo prevalecerán sobre la convivencia humana.
Los asesinos confesos serán juzgados por lo que hicieron; pero otros criminales seguirán relatando sus acciones, como la prostituta seguirá ofertando sus servicios para sus nuevos clientes, los canales mediáticos.

Hasta dónde puede llegar el desprestigio institucional

Hasta dónde puede llegar el desprestigio institucional

La política debe ser una actividad ubicada por sobre la simple estrategia.
El sorteo de jueces de la Corte Suprema, ha dicho el primer mandatario, “fue una mala estrategia política”. Equivocada o no la estrategia ya es un poco tarde para el arrepentimiento y menos oportuno el responsabilizar del juego político a “asambleístas que llevaron a Montecristi agenda propia”.
Resulta, a estas alturas, paradójico el que se atribuya a agenda propia a las acciones que fueron desempeñadas por asambleístas obedientes y hasta sumisos a las determinaciones del buró político próximo al gobierno.
Ni agenda propia ni estrategia equivocada. La deliberada campaña de desprestigio desatada contra la magistratura de la justicia, contra magistrados y jueces tuvo la intención de incrementar el voto a favor de la tesis del régimen y los resultados demostraron el éxito de semejante persuasión, que hoy se ve como un despropósito, pero que en su momento les fue muy útil.
La tómbola fue una estocada para terminar por desprestigiar a todos en una suerte de ruleta de circo. El azar es el recurso menos recomendado si se espera éxito en un emprendimiento a largo plazo. Jamás te confíes en quien no tiene nada que perder, y al parecer el régimen había apostado desde esa posición, pero arriesgaba un costo, el político.
Los magistrados de la Suprema optaron por la prudencia, a aquella que da la sabiduría de los años y también a la espera. “Hubiese sido mejor la opción de establecer una prórroga a sus funciones hasta que, por el mecanismo de la ley sean reemplazados”, reflexiona un gobernante, que antes era guiado por la premura y el atropello de cualquier posibilidad de reflexión meditada y serena.
Recién el gobierno parece entender que existe un Estado, que aunque en la abstracción y el ideal en el que es concebido por la democracia se sostuvo con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno como una columna con independencia y autonomía.
El concepto socialista del siglo XXI, concibe una sola, como un pedestal sostenido en endebles puntos de apoyo. Los otros poderes, los de la participación y la ciudadanía, son elementos todavía en construcción discursiva. Y el discurso oficial es contradictorio.

El valor de leer la Constitución

El valor de leer la Constitución

Con toda seguridad tiene un ejemplar de la Constitución en su casa y todavía no la ha leído.
Si pensaba que ya ha pasado el tiempo para hacerlo se equivoca; es ahora cuando tiene que hacerlo y con mayor empeño.
La promoción del texto se hizo con mayor insistencia en la declaración de principios, garantías, derechos y libertades; y tenían razón sus ejecutores porque eso mismo es el articulado constitucional; solo que también incluye la participación ciudadana.
Las noticias nos muestran un panorama de continuidad de la Asamblea Constituyente, y resaltan la conformación de la misma en su segunda parte con los 130 o la mitad de sus miembros. En realidad resulta eso intrascendente comparado con la responsabilidad que con la aprobación del texto les hemos encomendado. Ellos los 130 o los 73, como parece apuntar el acuerdo redactarán, y en un plazo, en unos casos menor y en otros mayor, 16 cuerpos normativos legales.
Deberán aprobar en 180 días cuatro leyes que nos incumben a todos: las que regularán la soberanía alimentaria, las próximas lecciones, la administración de justicia, y la ley de participación ciudadana y control social. Otras 12 leyes tienen el plazo de casi un año.
Es, precisamente, a la palabra participación a la que me quería referir; pues esta cruza todo el articulado, en una suerte de reconciliación y una manera de reemplazar lo que antes, en los discursos políticos se mencionaba con la palabra “pueblo”. Todo se hacía en su nombre y en su beneficio; como hoy se hace con la palabra “participación”. La pregunta es quiénes están invitados a participar, todos, no, todos no. O quizá sí, todos si, si están invitados y convocados según un texto que resalta que la democracia en el Ecuador es directa. Otra pregunta obligada es cómo participar, y aquí hay dificultades para definir quienes. Los sectores organizados, de ricos y pobres, tienen una respuesta, pues ya antes lo han hecho motivados por la propia naturaleza de sus intereses y sistemas de organización: cámaras, grupos de base, gremios, corporaciones, partidos políticos, movimientos. ¡Y los estratos medios de la población? Acaso tienen una actuación mancomunada, consensuada; les motiva alguna estructura, sistema, organización. En esas condiciones se generan serias dudas respecto a los alcances de la participación de todos, y de la vigencia de la democracia participativa.
Las leyes están en redacción, al menos la del sistema y administración de Justicia ya está en borrador. Es probable que las otras también lo estén en los estudios de los asesores de los asambleístas que hoy pelean su incorporación entre los delegados escogidos para integrar la Comisión de Legislación y Control. Y, con toda seguridad los textos legales estarán ya listos entre las muchas curiosidades y excentricidades de los consultores y asesores extranjeros, ya expertos en identificar lo que haga falta para completar el trabajo que hicieron en la Asamblea Constituyente.
Mientras los informadores se distraen con las intrigas de la nominación de los comisionados ex asambleístas los artículos de las leyes seguirán su curso dentro de los plazos previstos. Así que a leer la constitución y participar, y hay que hacerlo con la misma prisa que impone el decurso del tiempo previsto en la norma suprema, la que aprobó la mayoría de los ecuatorianos el 28 de septiembre.

En qué escenario será posible la reconciliación

En qué escenario será posible la reconciliación

Sólo hay un escenario político que se avizora sea cual fuere el resultado tras las votaciones del domingo, la necesidad de reconciliación.
El triunfo de la afirmación o la negación dejará una profunda división entre los ecuatorianos y la reconciliación ocupará, sin son responsables, a los dos bandos que promovieron una y otra posición y la volvieron una confrontación sin cuartel y la redujeron al enfrentamiento verbal y hasta físico.
La pregunta que surge obligada es en qué escenario es posible esa reconciliación: el primero, enfrentaría un eventual triunfo del SI, con una diferencia arrolladora, que es la que promovió, con ventaja, y espera el régimen de Rafael Correa, ocupado también en recuperar aceptación popular para lo que vendría en el futuro: mantener una campaña para su reelección inmediata ya facultada en el nuevo texto. El segundo, el mismo triunfo del SI, pero con una diferencia mínima, que dejaría en un estado de equilibrio de las fuerzas que confrontaron en campaña y que las cabezas visibles fueron el líder socialcristiano, Jaime Nebot, alcalde de la ciudad portuaria de Guayaquil, también la más populosa y en la cual se entiende la autonomía como única posibilidad de progreso.
Para quienes entienden democracia como la imposición del criterio de la mayoría sobre una minoría sumisa y obediente; será mejor que la respuesta al SI sea arrolladora; pero para quienes la entienden como la posibilidad de ejercer soberanía del pueblo con la participación de todos, lo mejor que puede ocurrir es que la diferencia apenas sea mínima. Así la reconciliación y el ejercicio de la democracia quedará sujeto a la diferencia de los votos.
Tal y como entiende Rafael Correa el liderazgo, espera un triunfo contundente, porque piensa que las masas no están preparadas para tomar decisiones por ellas mismas. Pronunciamientos como esos los ha hecho públicos, en entrevistas de televisión. El otro escenario exigirá respeto por el criterio del otro, de la opinión del otro y de las opciones que los otros consideran válidas en la administración de un Estado.
Otra vez el escenario nos lleva a la búsqueda de los principios del punto medio, que ya los griegos consideraron el de la equidad y el equilibrio y que en la administración moderna se entiende como un instrumento y circunstancia de mediación en el que las partes ceden, respetan para encontrar aquellos acuerdos que los políticos llaman consensos, en los que unos y otros participan y se respetan.
También quedan otros dos ejercicios democráticos pendientes en el escenario. Los de democracia cristiana que busca conciliar los principios democráticos con la fe cristiana, que también entró en confrontación política bajo el ropaje de innegociable, y el de la democracia popular, pero en su acepción legítima y no usurpada por el oportunismo populista de la partidocracia. Me refiero a aquel régimen de los pueblos que han adoptado el comunismo como forma de gobierno.

Los intermediarios de la democracia representativa en el Ecuador

El soporte de la democracia con intermediarios descalificados

Qué lejos de los preceptos democráticos nos colocó una campaña electoral que privilegió la permanente descalificación del otro.
La democracia directa, aquella acción en la cual el pueblo se gobierna a sí mismo fue anulada por la representación de una mayoría arrolladora, impositiva y autocrática.
Se sumó al aparato propagandístico toda la estructura burocrática de un régimen en búsqueda de reconocimiento social permanente; y los componentes de un endeble Estado convertido en justificativo de confrontación entre sus poderes; entre los cuales, solamente, se avizora la supervivencia de uno de ellos, el Ejecutivo, que ampliará su ejército de burócratas dispuestos a replicar un extraño modelo de gobierno socialista, de participación ciudadana y derechos en el discurso; pero estatista, regulador y justiciero, en la práctica.
Cómo entender la idea de un modelo de democracia directa, sin intermediarios; mientras el órgano representativo (Asamblea Constituyente) al que el pueblo encomendó la redacción de una Carta Magna, extralimitó los plazos y sus funciones y se constituirá en una instancia legislativa de amplios poderes, capaz de dictar mandatos, leyes y normas.
Tras una campaña que confundió la promoción informativa de contenidos constitucionales con la oferta demagógica y clientelar, con la reducción del discurso a la repetición de epítetos y consignas populistas: “pelucones”, “los mismos de siempre”, “los que permitieron el feriado bancario”, “la misma oligarquía”, “los hijos de la oligarquía”, manifestadas desde la posición oficial con el mismo énfasis que lo hicieron sus detractores en la oposición acusando al proyecto constitucional como “un adefesio”, “ resultado de la ineptitud”, “de la improvisación” y la “premura” y asegurando que será “abortista” y “promoverá la homosexualidad y la drogadicción”.
Y es que de la necesaria promoción de un texto de 444 artículos que debían conocerlo y entenderlo todos, se sobredimensionó el reparto de dos millones de ejemplares impresos en todos los modelos y tamaños y con el ilusorio convencimiento de que todos han sido leídos.
La democracia representativa en el Ecuador tiene los intermediarios que se merece: un mandatario mediático que nunca consiguió bajarse de la tarima y la notoriedad en las que la televisión privada, de la que ahora reniega, le colocara cuando fuera el locuaz ministro de Economía de Alfredo Palacio. Tanto gusta de los medios que rehabilitó el sistema nacional de información, y pensando en sí mismo lo llamó Ecuador TV; con la acción de la Agencia de garantías de Depósitos sumó dos más y a una de las estaciones llamó Gama TV. Es presentador de una cadena nacional de radio, que por arte de la multiplicación y los viejos hábitos periodísticos, los de pensar que la voz oficial debe ser pública, la reproducen y la interpretan durante la semana en una amplificación mediática que hace parecer el discurso oficial presidencial como la opinión pública.
Tanto se apartó la democracia representativa de la democracia directa, que durante el desarrollo de la campaña y en su cierre, quedó en evidencia que la única búsqueda fue una medición de fuerzas y popularidad entre las figuras únicas de Rafael Correa y Jaime Nebot, el eufórico alcalde de Guayaquil, ciudad en la que los medios colocaron, por su propia cuenta, el bastión del voto por el NO al modelo constitucional redactado en Montecristi, y, también el de rechazo al Mandatario.
Ya antes los dos líderes intermediarios de la democracia representativa han enfrentado y confrontado discursos y capacidad de convocatoria, en las calles y avenidas primero y el pasado jueves en los estadios.
Las dos figuras sólo representan un mismo modelo, el populista, capaz de usar la demagogia y arremeter con los más bajos recursos propagandísticos y de publicidad, para conseguir sensibilizar a las masas, sembrar en ellas la esperanza de cambio, de progreso, de crecimiento; pero también de odio, de rencor, de envidias y venganza. También es aquel recurso que alimentan los medios y en particular, la televisión, acostumbrada al sensacionalismo, a la trivialidad, al aburrimiento y el sopor de la programación de la que interpretan como realidad de entretenimiento, o “reality show”, un espectáculo en el que nadie ríe porque el escándalo que se muestra involucra sus propias vidas.

Ecuador: gasto al límite y las reservas bajo tierra

Ecuador: gasto al límite y las reservas bajo tierra

La crisis financiera mundial ha puesto al régimen con rostro de preocupación.
La primera víctima de esa crisis fue la ministra de Finanzas, Wilma Salgado, quien perdió la confianza del buró al haber anunciado que las cifras para ejecutar el proyecto de Montecristi, fraguado por los asambleístas para montar el escenario del cambio imaginado por los socialistas del siglo XXI, carecían de un financiamiento real.
Algo más de dos mil millones de dólares sería el costo de implementar el aparato estatal y la burocracia que hará posible el ideal del “sumac causay”, buen vivir. Pues para garantizar su éxito hace falta mucha plata, que el gobierno contaba tenerla de los excedentes que dejaban los buenos precios del petróleo.
Las finanzas son las que menos le han cuadrado al economista presidente y a su buró de idealistas asesores. Ya son, creo que, cuatro los ministros que han pasado por esa cartera, todos recibidos con entusiasmo y despedidos como “cobardes traidores”, o “ingenuos” sujetos a la manipulación de las “mafias de burócratas” enquistados en las instituciones. La inquietud es si será luego posible cambiar el orden interno establecido en la burocracia ya existente; una vez que con el nuevo modelo constitucional esta se multiplique.
La otra víctima de la crisis financiera global es la reserva monetaria. Otra pregunta es si en el país algo queda de ella. Pues la consigna de los gobiernos populistas siempre ha sido gastar todo lo que hay en subsidios, donativos, y compra de votos. Quedará algo para salvaguardar las finanzas públicas; ya que las privadas están sujetas a “prender velitas y encomendarse al santo de su devoción” como les ha aconsejado ayer el presidente Correa a los banqueros y empresarios. Y es más el nuevo texto, en un afán moralizador y justiciero, recalcó que nunca más y bajo ningún motivo el Estado volverá a cubrir el déficit del sector privado, pues cualquier forma de asistencia o intervención se asume como “atraco”.
La ex ministra Magdalena Barreiro, entrevistada en la televisión ha proyectado un escenario bastante crítico. Sin esperanza de créditos externos, con menores posibilidades de obtenerlos de países amigos como Venezuela, que en asuntos de dineros no está para hacer caridad a nadie, y con anuncios de dejar de pagar la deuda externa, sólo quedaría volver a implorar por una recuperación de los precios del petróleo y a una solución de la crisis financiera mundial. Caso contrario, otra alternativa es aguardar que salga el producto de Montecristi , empacarlo y guardarlo bajo siete llaves hasta esperar tiempos mejores, de vacas gordas, que permitan hacer realidad los ideales de esperanza y de cambio, con los cuales han engatusado a un electorado mayoritariamente indiferente a la lectura de los textos propuestos y bastante propenso a deslumbrase por los atributos físicos, actos de magia y palabras bonitas de los sátrapas.

En Guayaquil la campaña se volvió un asunto de antipatías y simpatías

En Guayaquil la campaña se volvió un asunto de antipatías y simpatías

Guayaquil es la única ciudad de Ecuador en la cual el debate se volcó de las pantallas a las calles. Pero no es un debate de reflexiones es la misma confrontación que inició el régimen contra el Partido Social Cristiano, que tiene colocados al alcalde de la ciudad más poblada del país y al prefecto provincial del Guayas.
Esta confrontación no es otra cosa que una continuidad de la puja por la popularidad que el régimen siempre puso a prueba en Guayaquil. Primero fueron las marchas de respaldo en la avenida Nueve de Octubre, luego la creación del Ministerio del Litoral para administrar la obra pública de manera directa y sin contar con la Alcaldía; finalmente una constante cadena de situaciones polémicas atizadas por los medios masivos.
La campaña por el referéndum siguió esa misma lógica y a los actores políticos tradicionales se sumaron: la iglesia, los estudiantes de universidades y colegios y en las últimas semanas los vecinos.
El gobierno ha conseguido con esta construcción de deliberado antagonismo circunscribir la tendencia por la negación en el voto en Guayaquil. Sin embargo es probable que la tendencia se presente también en las restantes ciudades de la costa, en particular en Machala. En la sierra la afirmación se fortaleció con esta evidente muestra de regionalismo.
La iglesia se juega su última carta en Guayaquil en donde, al parecer, la actitud de la cúpula coincide con la de los ciudadanos. Las misas campales son evidencia de esa posición alineada con la tendencia ; en el resto del país la iglesia prefiere aguardar en actitud contemplativa y de oración, excepto en sitios en donde la doctrina social se impone e inclina por el SI.
Se ha querido interpretar como una división en la iglesia, pero en realidad una institucionalidad tan fuerte, siempre se ha permitido y tolerado tendencias extremas en la práctica de la doctrina.
Quienes sí han perdido en esta campaña y han preferido esfumarse, fueron los partidos políticos, excepto la UDC, (Democracia Cristiana) que pautó propaganda por el NO; los demás no han atinado postura alguna.
Por su parte el gobierno también jugó su carta, aquella que todos sabíamos que la mantenía para casos extremos, como los de las últimas semanas en las cuales las tendencias parecían equiparase. La Comisión de la Verdad, aquella que indaga las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en el régimen de León Febres Cordero, emprende públicas diligencias, que por su naturaleza debían mantenerse en reserva. Aunque sus miembros han repetido que la notoriedad no tiene propósitos políticos; en la práctica resulta que su exhibición mediática influye.
Si la promoción de contenidos de la transformación constitucional estaba pendiente en los medios; con la difusión de las confrontaciones, de la aplicación de justicia mediática, de la delincuencia; la posibilidad de recuperar la información responsable ha quedado anulada.