Hasta dónde puede llegar el desprestigio institucional

Hasta dónde puede llegar el desprestigio institucional

La política debe ser una actividad ubicada por sobre la simple estrategia.
El sorteo de jueces de la Corte Suprema, ha dicho el primer mandatario, “fue una mala estrategia política”. Equivocada o no la estrategia ya es un poco tarde para el arrepentimiento y menos oportuno el responsabilizar del juego político a “asambleístas que llevaron a Montecristi agenda propia”.
Resulta, a estas alturas, paradójico el que se atribuya a agenda propia a las acciones que fueron desempeñadas por asambleístas obedientes y hasta sumisos a las determinaciones del buró político próximo al gobierno.
Ni agenda propia ni estrategia equivocada. La deliberada campaña de desprestigio desatada contra la magistratura de la justicia, contra magistrados y jueces tuvo la intención de incrementar el voto a favor de la tesis del régimen y los resultados demostraron el éxito de semejante persuasión, que hoy se ve como un despropósito, pero que en su momento les fue muy útil.
La tómbola fue una estocada para terminar por desprestigiar a todos en una suerte de ruleta de circo. El azar es el recurso menos recomendado si se espera éxito en un emprendimiento a largo plazo. Jamás te confíes en quien no tiene nada que perder, y al parecer el régimen había apostado desde esa posición, pero arriesgaba un costo, el político.
Los magistrados de la Suprema optaron por la prudencia, a aquella que da la sabiduría de los años y también a la espera. “Hubiese sido mejor la opción de establecer una prórroga a sus funciones hasta que, por el mecanismo de la ley sean reemplazados”, reflexiona un gobernante, que antes era guiado por la premura y el atropello de cualquier posibilidad de reflexión meditada y serena.
Recién el gobierno parece entender que existe un Estado, que aunque en la abstracción y el ideal en el que es concebido por la democracia se sostuvo con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno como una columna con independencia y autonomía.
El concepto socialista del siglo XXI, concibe una sola, como un pedestal sostenido en endebles puntos de apoyo. Los otros poderes, los de la participación y la ciudadanía, son elementos todavía en construcción discursiva. Y el discurso oficial es contradictorio.