La huelga de los policías
Los policías se declaran en huelga. Se encierran en el Regimiento Quito, su cuartel general, y la prensa empezó a especular con calificativos mucho más escandalosos que el propio hecho, que los policías se negaran a trabajar.
El mandatario Rafael Correa, convencido de que la protesta policial obedecía a un enojo ya manifestado antes por el articulado de la Ley de servicio público, que eliminaba bonos, condecoraciones y ascensos; y sustituía por otra modalidad de bonificación , acude de manera personal para sofocar el reclamo. Confiado el Presidente en las informaciones de “inteligencia” de que “todo estaba bajo control” y que la tropa seguiría obediente a la cúpula de generales llega a un patio en el que ya estaba ocupado por policías indignados, por familiares y amigos de éstos también bajo efectos de resentimiento, espíritu de cuerpo y solidaridad.
El enojo era natural: si tan solo el mandatario hubiera podido meditar en la importancia que para el policía y su familia tienen los ascensos y condecoraciones; si hubiese pensado que el bono y la canasta navideña son ritos y ceremonias emotivas para oficiales, personal de tropa y sus familias; quizá su ley no hubiese sido impuestabajo el imperio de la cólera y las balas.
Es probable que para muchos asambleístas con aires de intelectuales sociales sea algo trivial un botón o insignia de graduación y ascensos de jerarquía dentro de la Fuerza Pública. Es probable que para aquellos científicos sociales de aula de clase perfumada y portátil con conexión al mundo virtual, que pululan de asesores de Asamblea y Gobierno; sea la celebración de la Navidad y la entrega de regalos una alegoría impostada del mundo occidental, del que tanto reniegan; pero ignoran los significados emocionales y humanos que tiene para las personas comunes.
Es imposible forjar una Ley que ignore y atropelle los valores y las costumbres. No hay que desconocer que las primeras normas, las elementales y básicas, solo fueron una transcripción de lo que ya se seguía por costumbre.
No se puede legitimar un articulado legal con sangre y fuego. Y menos en un escenario de guerra civil transmitido en directo por la televisión pública y privada. Nadie quiere ya héroes rescatados de las salas destartaladas de los hospitales públicos ni lastimeros llamados de unidad sobre el silencio de cadáveres caídos bajo el fuego cruzado de comandos de una misma fuerza pública. Ningún ciudadano soportó el ejercicio de una comunicación unidireccional emitida de manera forzosa y forzada desde la televisión y radio públicos, ni los discursos ni llamados formulados por personas desconocidas y hasta descalificadas que se sucedían durante cinco horas de una cadena nacional “indefinida e ininterrumpida”.
La huelga de los policías y de un sector de la Fuerza Aérea; convertida por la especulación de los medios en: “revuelta, sublevación, insurrección, insubordinación; y por el gobierno en un intento de golpe de estado”; sí, pone en evidencia, una vez más, la debilidad de un sistema democrático acomodado cada cierto tiempo a los intereses de los gobiernos de turno; con articulados constitucionales moldeados a esos requerimientos coyunturales.
Hubiese sido mucho más fácil encontrar a los cabecillas de la declaratoria de huelga si los medios y el gobierno mantenían el incidente en esa justa medida; pero ahora, tanto la televisión como el régimen, llevaron los acontecimientos al secuestro de un mandatario, a un intento de golpe de estado, a un estado grave de conmoción interna y a un enfrentamiento armado que dejó media docena de muertos y casi un centenar de heridos. Sin sumar las secuelas y el desprestigio internacional causado al convertir a la República en un escenario mediático guerra civil que, con un mínimo uso de inteligencia, se pudo haber evitado.
sábado, 2 de octubre de 2010
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